Aumento de tasas de criminalidad en Uruguay afecta a empresas y popularidad del gobierno

Nuevos datos publicados recientemente sugieren que los homicidios y robos con violencia aumentaron considerablemente en Uruguay durante 2015. Una serie de intentos de robo y homicidios relacionados con drogas durante 2015 y 2016 han extendido el temor de una ola de crimen organizado. Desde 2009, la inseguridad ciudadana ha sido la principal preocupación del público en general, con un 62% afirmando que el país era inseguro o muy inseguro en un sondeo realizado por Equipos Consultores, una consultora local, el pasado septiembre. Las mayores tasas de crímenes, y la percepción de los mismos, conlleva costos económicos y erosionará aún más la popularidad del gobernante Frente Amplio.

Citado por el Senado, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo a principios de mes que los homicidios aumentaron en un 7,8% en 2015 en comparación con 2014, mientras que los robos aumentaron en un 4,5%. Doscientas ochenta y nueve personas fueron asesinadas en 2015, un aumento de casi 50% desde 2011 (196). Bonomi indicó que seis de cada diez homicidios tienen lugar en las afueras de Montevideo, la capital, y sugirió que esto refleja principalmente la lucha entre las bandas por el territorio. Mientras, los 19.420 robos violentos (rapiñas) reportados en 2015 siguieron a un aumento de 11% entre 2013 y 2014.

Cifras subestiman la realidad

La incidencia real del crimen parece ser sustancialmente superior. Pedro Bordaberry, senador del grupo de oposición Partido Colorado (PC), dijo que las estadísticas de Bonomi no registran un estimado de 50% de víctimas que no reportan los robos menores y hurtos, y el resultado es un menor número de los procedimientos burocráticos registrados en estaciones de policía y de tasas de crímenes menores.

En octubre de 2015, el jefe de la policía nacional afirmó que la escala y foco del crimen era peor de lo que la ciudadanía creía, y que las medidas de represión por sí solas no eran suficientes para contenerlas.

Esto, a pesar de la aparente caída en las tasas de criminalidad en las zonas de clase media y rica de Montevideo después de poner en práctica un plan de seguridad que ha mejorado la vigilancia. Los robos de propiedad han caído durante cuatro años consecutivos (en 3% en 2015) en la capital, lugar en el que se cometen la mitad de los crímenes relacionados con la propiedad y donde vive alrededor de un tercio de la población. Bonomi defendió las tasas de detención y procesamiento, diciendo que el 59,2% de los casos de homicidio del país fueron resueltos durante el último año; en EEUU llega a 62,5%, según el FBI.

Crimen organizado

Existe un creciente consenso de que la débil acción policial en áreas urbanas desafavorecidas fuera del centro de Montevideo está permitiendo que crezca el crimen violento y organizado. Un reporte preparado en 2015 por el Consejo Asesor de Seguridad de Ultrama (OSAC, su sigla en inglés), un organismo creado por el Departamento de Estado estadounidense, encontró que la policía de Uruguay estaba bien entrenada pero muy reactiva en su acercamiento a la delincuencia, y su mínima presencia en las calles era un pobre disuasivo.

En lo que va de año, han tenido lugar seis intentos de robo de armas militares y uno con éxito. Al igual que el robo de municiones ocurrido en junio, es muy probable que los autores tuvieran ayuda interna y que las armas robadas sean vendidas a bandas en Brasil. En abril de 2015, las autoridades detuvieron a tres agentes de policía en la ciudad fronteriza de Rivera por tráfico de alrededor de 300 armas pequeñas a Brasil.

El tiroteo de dos ciudadanos paraguayos en Ciudad de Costa, Uruguay, el 6 de febrero (que la policía vincula con el comercio ilegal de marihuana), subraya la participación del país en la red regional de drogas. El Informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos de 2015, elaborado por el Departamento de Estado de EEUU, establece que los traficantes de Colombia, México y Bolivia utilizan cada vez más a Uruguay como país de tránsito para los envíos. Las autoridades uruguayas incautaron 2.521 kilos de marihuana en 2015, frente a los 1.457 de 2014. La implementación de planes para legalizar el cultivo y venta de marihuana terapéutica ha demostrado ser difícil y lenta, aunque a medio plazo esto reducirá la delincuencia relacionada con las drogas.

Costos económicos y políticos

Uruguay sigue siendo, en la mayoría de los indicadores, el país más seguro de la región. Pero los niveles de crímenes violentos (y la preocupación pública) continuarán afectando a las empresas y los índices de aprobación del gobierno. Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2015 mostró que el costo global de la delincuencia en Uruguay en 2010 (incluyendo la inversión privada en seguridad y las pérdidas, así como las investigaciones del gobierno) fue de US$ 896 millones, lo que equivale al 2,3% del PIB.

Otro estudio, realizado por Equipos Consultores en 2015, encontró que las empresas en Montevideo gastaron un promedio de 4,5% de los beneficios en medidas de seguridad, y el gasto aumenta a 10% en el caso de las pequeñas empresas. En el sector de la seguridad privada, el número de empresas llegó a 297 que emplean a 21.000 personas en agosto de 2015, con la industria ganando alrededor de US$ 150 millones al año.

Los grupos de la oposición han afirmado que las sucesivas administraciones del Frente Amplio, desde 2005, han fracasado en materia de seguridad ciudadana y se han posicionado como el partido de la ley y el orden. En 2014, el PC y el Partido Nacional introdujeron un referéndum para bajar la edad de responsabilidad legal de 18 a 16 años, medida que fue ampliamente rechazada.

Aunque la inseguridad ciudadana por sí misma no es suficiente para ser una amenaza seria para el FA de cara a los comicios de 2019, sumado a la creciente controversia sobre la mala gestión de la petrolera estatal, podría debilitar severamente la popularidad de la primera línea del partido y añadir peso a los llamados por una regeneración en la dirección de la coalición.